Leyes, Decretos y Resoluciones


Información sobre Leyes, Decretos y Resoluciones


Anuncios del Superintendente Rubén Cano

Obras sociales: el gobierno apunta a la concentración.

La integración de las entidades a través de consorcios empresariales será el eje de una nueva etapa de la reconverión. El Superintendente afirmó que no deben quedar más de cincuenta entidades.

La integración de las obras sociales a través de consorcios será uno de los ejes de esta etapa de la reconversión de dichas entidades bajo la premisa de un cambio de modelo organizacional de las mismas -objetivo que forma parte del compromiso que asumiría el gobierno nacional en el marco de un nuevo préstamo del Banco Mundial, denominado PROS 2-. El anuncio fue efectuado por el Superintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano, en el marco del Foro de Gestión Sanitaria organizado por Ibersis -Grupo Unión Fenosa de España, celebrado en Buenos Aires los días 16 y 17 de marzo.
Cano señaló también que, como en otras tantas oportunidades, se pondrá el acento en la prevención de enfermedades como una manera de bajar costos. En este caso, el gobierno accedería también a un crédito del BID para invertir en la capacitación de recursos humanos, que totalizaría 300 millones de dólares y que se canalizarán a través del Ministerio de Salud de la Nación.
Por último, anunció que se revisará el modelo financiero, integrando los tres subsectores de la Seguridad Social bajo un estricto control del Estado.


En este punto, corresponde advertir que en general se viene admitiendo la necesidad de mejorar la gestión de las obras sociales. Pero lo que interesa en esta materia es que lo instrumental no se transforme en un elemento que desnaturalice la fisonomía del sistema solidario y autogestionario.
Si bien este proyecto aún no habría cobrado forma, lo cierto es que se ha puesto en escena la figuro jurídica de los consorcios como mecanismo integrador de la gestión de las obras sociales. En nuestro derecho argentino se incorpora esta figura a la ley de sociedades comerciales (Ley 19.511, Capítulo III) mediante las Uniones Transitorias de Empresas (UTES) o contratos de colaboración empresaria. Su aplicación al sistema de seguridad social presupone que las obras sociales se transformen en sociedades comerciales, ya que esas dos formas asociativas están contempladas en el mencionado instrumento legal, que se aplica a las sociedades mercantiles (en este sentido, el Superintendente remarcó que es intención del gobierno que queden no más de cincuenta "entidades", no "obras sociales").
Otro instrumento legal es la fugura del consorcio público, que por definición son entes públicos no estatales asociativos, de gestión local o regional que cumplen actividades de realización y/o prestación de obras y servicios. Su nota principal, que lo distingue de los anteriores, es que lo que mueve el interés de los consorciados reunidos (ya sean sujetos públicos o privados) es la consecución de un resultado de interés público determinado.
Ahora bien, cualquiera de las alternativas señaladas no resuelven el problema de la integración de las obras sociales. Si hasta el momento las experiencias han fracasado fue porque el esfuerzo no estuvo dirigido en primer término a establecer las bases de la integración a través de la definición de aspectos metodológicos comunes, sino en el lanzamiento hacia la adopción de una figura jurídica determinada que corporice esta integración. Para resguardar los rasgos caracterizantes del sistema, ya la normativa sustantiva contempla la integración y complementación de servicios entre obras sociales y sus recursos (artículo 14 de la Ley 23.660 y artículo 26, 2° párrafo, de la Ley 23.661).

La prevención constituye un viejo anhelo de muchos expertos del sector salud. En el caso del subsector de la seguridad social, PMO (que según declaraciones del Superintendente será revisado) ya definió con carácter obligatorio la cobertura de los programas generales de promoción y prevención en coincidencia con los programas implementados por la autoridad de aplicación jurisdiccional y considerando además los programas especiales según grupos de riesgo (Anexo I, punto 1 de la Res. 247/96-MSyAS). Sin embargo, esto es actualmente "letra muerta", porque para poder implementar dichos programas hace falta andar todavía un largo camino en la formación de recursos humanos.

En esta materia no debería soslayarse el interés concurrente de los sectores interesados para la adopción de medidas efectivas de prevención en el ámbito laboral, integrando la discución al seno del sector salud.
En relación a la unificación de los tres susectores con fuerte control estatal, el Superintendente planteó que es intención del gobierno actual abarcar los siguientes puntos:

  • El combate a la evasión;

  • La inclusión de las entidades de medicina prepaga bajo la supervisión de la SSSalud (previa sanción de la ley);

  • La modificación del modelo de financiamiento a través de rentas generales, reemplazándose el mecanismo contributivo por el de impuestos, lo cual implica ir hacia un sistema de seguro nacional en reemplazo del seguro social. Esto equivale, tal como lo venimos señalando desde este espacio de opinión, a la efectiva desindicalización de la Seguridad Social en materia de salud.

    Ana Manzotti.

Res. 18/2000-SSSalud  

Prórroga para prestadores

La superintendencia de Servicios de Salud extiende hasta el 30 de Junio del corriente año el plazo de validez de los certificados de inscripción ante el Registro Nacional de Prestadores de ese organismo.
"Con la finalidad de no entorpecer el normal desenvolvimiento de las entidades prestadoras del sistema", la Resolución 18/2000, que modifica el artículo 1° de su similar 119/99, establece que las inscripciones de los prestadores inscriptos ante el Registro Nacional de Prestadores que hubieren caducado antes del 30 de Junio, se prorrogan hasta esa fecha.

 

 

Proyecto de Ley  

Diputados proponen reformas en la ley de patentes

El proyecto introduce una cláusula a promover la explotación local de los medicamentos patentados en el país. Aclara que la explotación debe ser entendida "como fabricación y uso del procedimiento y no simplemente como su importación".

La inminente entrada en vigencia de la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que obligará a los laboratorios nacionales al pago de regalías a las firmas extranjeras por la reproducción local de sus productos, ha reavivado en el mes de febrero las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos (personificadas en las misiones del Secretario de Comercio William Daley y del Subsecretario de Asuntos Económicos Alan Larson), así como las disputas entre los laboratorios nacionales, agrupados en CILFA y Cooperala, y los extranjeros, representados en CAEME. En ese contexto, un grupo de diputados nacionales, encabezados por el Dip. Horacio Flores, han dado impulso a un Proyecto de Ley tendiente a promover la explotación local de los productos patentados en el país.

En concreto, el producto introduce una claúsula aclaratoria sobre el concepto de "explotación" aludido en el art. 43 de la ley. En ese artículo se fijaba que la falta de explotación o su interrupción por más de un año es causal para el otorgamiento de usos sin la autorización del titular de la patente. Para los diputados, el concepto de explotación aludido debe ser entendido "como fabricación y uso del procedimiento y no simplemente de la importación". Los legisladores agregan que el requisito de fabricación local está previsto en la legislación de numerosos países, tanto industrializados como en desarrollo, "con el fin de incentivar la aplicación efectiva de las inversiones y con ello el desarrollo industrial y la trasferencia de tecnología".
El proyecto introduce como último párrafo del art. 46 el siguiente texto: "A los fines de esta ley, se entenderá que existe explotación cuando el producto objeto de la patente es fabricado o el proceso es utilizado industrialmente de manera integral en el país, en forma tal que se abastezca el mercado en condiciones razonables de calidad, cantidad y precio". La definición del concepto de explotación constituiría una salvaguarda legal frente a una de las consecuencias más temidas de la aplicación de la ley: la importación masiva de medicamentos y la consiguiente destrucción de la industria local.
En este sentido, la reglamentación de una salvaguarda legal de ese tipo se revela particularmente necesaria en el ámbito del Mercosur, puesto que la obligación de explotar las patentes de invención está prevista en la legislación de Uruguay (art. 9 de la ley de patentes) y Brasil. En este último caso, por ejemplo, el socio más poderoso del Mercosur ha introducido una disposición específica sobre el tema en la Ley  9.279 de propiedad industrial, tendiente a promover las inversiones productivas en su territorio, que exige la fabricación del producto o el uso integral del proceso patentado en el país. Por su parte, Uruguay especifica claramente que la introducción a venta de artículos fabricados en el extranjero no constituye explotación.
Por todo ello, los diputados sostienen que "es indispensable que la ley argentina guarde coherencia con la legislación de sus socios en el Mercosur, con el fin de impedir asimetrías que afecten negativamente las inversiones productivas y los flujos de comercio".

ANMAT
DISP. 691/2000: Establece como primera sustancia nacional de referencia para valoraciones microbiológicas a la sustancia AMIKACINA BASE (B.O., 10/2/2000)

DIP. 935/2000: Aprueba el Programa Actualizado de Monitoreo para pacientes ambulatorios e internados tratados con CLOZAPINA (B.O., 14/2/2000)

INCUCAIBA
RES. 13/2000: Reemplaza el comprobante de atención de beneficiarios de Obras Sociales aprobado por Res. 198/98 (B.O., 7/2/2000)

 

OPINION
Más allá de las diputas entre los laboratorios nacionales y extranjeros, la aplicación de la ley abre serios interrogantes sobre el futuro de la industria farmacéutica nacional.

 

Una Ley polémica

En octubre de este año entrará en vigencia la Ley de Patentes. Su inminente aplicación ha sucitado una serie de polémicas y disputas entre la industria local y extranjera, quienes por diferentes motivos han salido a cuestionar públicamente la ley.
Los laboratorios extranjeros cuestionan básicamente el artículo 44, que permite otorgar el derecho de explotación a una patente sin autorización de su titular "cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas". Y entre ellas se mencionan: la fijación de precios comparativamente excesivos; la negativa a abastecer el mercado local en condiones comerciales razonables, el entorpecimiento de actividades comerciales o productivas y actos que se encuadren en las conductas consideradas punibles por la ley 22.262.
La industria multinacional sostiene que de este modo la ley promueve la inseguridad jurídica.
Por su parte, los laboratorios nacionales apoyan una propuesta de reforma a la ley promovida por un grupo de diputados, tendiente a promover la fabricación local de medicamentos (ver pág.3). De no tomarse esa medida, sostienen los defensores del proyecto, se abrirán las puertas a la importación de medicamentos con la destrucción de la industria local.

Interrogantes
Ahora bien, más allá de estas disputas, una serena evaluación de la ley da lugar a una serie de interrogantes sobre las consecuencias inmediatas y a largo plazo de su aplicación. Entre otras cuestiones, podemos preguntarnos:
¿Garantiza la ley una reducción del precio de los medicamentos?
De ninguna manera. Un breve recordatorio de lo sucedido en este mercado que factura anualmente algo más de 4.000 millones de pesos, permite verificar que desde la convertibilidad los remedios han aumentado entre un 66 y un 150%, ubicando a nuestro país entre los cinco más caros del mundo en este rubro.
Del texto de la ley tampoco se deduce que puedan reducirse los recargos que gravan a los medicamentos y que corresponden a la intermediación y a los impuestos. Es crucial destacar, en este sentido, que un mismo producto en Brasil se pone a la venta al público en un valor promedio de alrededor del 60% del de la Argentina, por lo que el riesgo con la vigencia de la ley es que los mismos se importen, sin que nada pueda garantizar que la diferencia no se traduzca en mayores utilidades empresarias en vez de la reducción de los costos al consumidor.
¿Garantiza la ley la fabricación de medicamentos en el país y por ende la conservación de la industria respectiva y de las conseguientes fuentes de trabajo?
No, la misma es insuficiente y deja librado ese objetivo al criterio empresario. En este sentido, debe destacarse que la fabricación local es un principio establecido en la legislación de países que buscan de esa manera incentivar las inversiones y por lo tanto el desarrollo industrila y la transferencia de tecnología (como en Suiza, Italia, España, Noruega y Brasil, por citar solo algunos). Además, la exigencia de la explotación de las patentes de invención está prevista en los otros países del Mercosur.
¿Garantiza la ley la no patentabilidad de procesos que tengan relación con la biotecnología y en especial con la ingeniería genética y la manipulación de procesos celulares?
No hay garantía, pese a las referencias contenidas en el art. 7 punto b) de la ley. En este aspecto es menester adoptar estrictas salvaguardas, ya que aun la muy exigente Oficina Europea de Patentes ha sido recientemente burlada y acordó provisoriamente la patente EP 695351, que abre la posibilidad de la manipulación de la información genética humana y de la clonación, ambas prohibidas.

Propuestas.
En primer lugar, como propuesta coyuntural, creemos necesario aprobar el agregado al artículo 46 propuesto por el mencionado proyecto de diputados, exigiendo entonces la fabricación local, con lo que se garantizaría la conservación de las fuentes de trabajo.
En segundo lugar, es necesario disminuir los impuestos, teniendo en cuenta que los medicamentos constituyen un insume esencial y que por lo tanto en otros países no se los grava o la carga es muy inferior a la Argentina.
Como propuesta de fondo, es necesario como primera medida reformular al Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ya que ha fracasado al permitir que existiesen en el país más de 12.500 presentaciones de fármacos. Y por otro lado, debe consensuarse un Plan Nacional de Medicamentos, tendiente a la utilización de genéricos, con los que se mejoraría la calidad de la atención médica y se reducirían los costos.

Luis Leiva

 

 

Ley 25.239 de reforma tributaria

Trato discriminatorio a los trabajadores del servicio doméstico

El Régimen Especial de Seguridad Social creado por la Ley confiere un trato discriminatorio a los empleados del servicio doméstico, tanto en materia laboral como previsional y de prestaciones de salud.

La Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares, que presta servicios médicos asistenciales a los trabajadores y a las trabajadoras del servicio doméstico y sus grupos familiares, tiene veinticinco años de vida, durante los cuales ha recibido los aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley 23.660, que hoy día, luego de la reducción de las contribuciones patronales por obra del Decreto 492/95, son del 3% y del 5% respectivamente. Dichos recursos han sido suficientes para mantener un decoroso sistema de atención y de cumplimiento del Programa Méidco Obligatorio. El equilibrio financiero es dificultoso, pero si se hicieran efectivas las normas que se introducen en le Título XVIII de la Ley 25.239 que regirían a partir del 1° de abril del 2000, ese equilibrio financiero desaparecería y provocaría un grave déficit que haría imposible la normal continuidad de los servicios de esta entidad.
Se estima que como fruto de la aplicación de esta normativa habrá una caída del 25 o 30% en los ingresos de la obra social, que podría llegar al 50%, ya que en virtud del  régimen creado, que excluye los recursos provenientes del aguinaldo como período trece y los aportes al Fondo Solidario de Redistribución, se pierde el financiamiento que se otorga con recursos del mismo por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) para solventar las costosas prestaciones de alta complejidad, SIDA, droga, diabetes, dialización, discapacidad, otros programas especiales y apoyos financieros para cubrir déficit operativos y fortalecimiento institucional.
La discriminación qu estamos aludiendo se manifiesta en lo previsional y en lo relativo a las prestaciones de salud:
1.- En materia previsional, priva a los trabajadores del servicio doméstico que ingresan a la pasividad de la prestación compensatoria del art. 23 de la Ley 24.241 y sólo les asigna prestación adicional por permanencia en el sistema público (art. 30. ídem) si efectúan aportes voluntarios; con lo que se viola la garantía del art. 16 de dicha Ley, rompiendo "in pejus" la igualdad ante la ley y el programa previsional exclusivamente para esa categoría de trabajadores del servicio doméstico. Es necesario destacar que durante años los trabajadores resignan parte de su salario en aportes y contribuciones para el sistema previsional. Hay por lo tanto una solidaridad establecida entre las generaciones: los que hoy trabajan pagan en el sistema público las jubilaciones y pensiones de los que los precedieron, y los que vienen atrás deberán afrontar el pago de las nuevas jubilaciones y pensiones. Este contrato social de la seguridad no puede ser alterado cada vez que lo desean los técnicos de un Gobierno. Si ahora se cambian nuevamente las condiciones establecidas en la ley 24.241, podemos pensar que cuando se llegue a la etapa de la jubilación estos trabajadores no van a tener beneficio alguno.
2.- En materia laboral tiene esta norma la incongruencia que a los que trabajan menos de 4 días a la semana 4 horas diarias, les reconoce derechos de Seguridad Social previsionales y de salud, si trabajan más de 6 o 12 horas semanales, pero a estos últimos no se les reconocen los derechos laborales del Estatuto (Decreto 326/56). No es esto una queja por extender beneficios de la Seguridad Social a los que trabajan más de 6 o 12 horas semanales, sino que los recursos en estos casos son tan bajos (art. 3° del Título XVIII de la Ley 25239) que con ellos no se pueden financiar las prestaciones prometidas. Además, no se resuelve el caso tan frecuente del pluriempleo cuando se trabaja para varios empleadores, estableciéndose cuál es el obligado a ingresar los aportes del trabajador y del dador de trabajo previstos en el art. 3° de dicho Título.
3.- En materia de prestaciones de salud, si bien la ley permite que las reciban quienes trabajan más de 6 horas o 12 horas semanales, los ingresos a la Obra Social de la actividad son muy bajos como para financiar las prestaciones (art. 3° del Título XVIII), con lo que de hecho impedirá que se otorguen efectivamente. Además elimina la compensación automática de 40 pesos por cada afiliado, tenga o no grupo familiar. Esta supresión no aparece expresada en el texto de la ley, pero surge del carácter de "régimen especial" asignado a esta modalidad. De tal forma, la prestación se otorgará si el ingreso es de 20 pesos, pero sólo para el trabajador, pues si quiere incorporar a su grupo familiar debe ingresas otros 20. En el caso de esta obra social, le quita la compensación automática y le reduce los aportes y contribuciones a solo 20 pesos (si el trabajador no incorpora el grupo familiar), con lo que la desfinancia y la liquida.

Julio Aren

 

 

Lo impulsan diputados de la Alianza 

Proyecto para reformar la Ley de Riesgos del Trabajo

Eleva los topes indemnizatorios y permite a los damnificados recurrir a la vía civil. Propone además mayores multas para las empresas que no cumplen las normas de higiene y seguridad laboral.

Un grupo de diputados de la Alianza, encabezados por la Dip. Margarita Stolbizer, impulsa un proyecto de reforma integral de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. La norma es cuestionada por su incompatibilidad con la Constitución Nacional, ya que no protege el trabajo dependiente y niega a los trabajadores accidentados una adecuada e integral reparación del daño sufrido como consecuencia de la relación de trabajo. A esto se suma que no fomenta la prevención, defraudando así las expectativas creadas por el nuevo sistema.
En términos generales, los legisladores coinciden en que debe mantenerse el sistema y advierten la necesidad de recuperar el objetivo de la prevención, dado que la mezquindad de los montos indemnizatorios y la mala calidad de las prestaciones no alientan la inversión. A lo que se añade el fracaso en la eficacia de los actuales mecanismos de control.
Los principales cambios apuntan a los siguientes aspectos:

  • Apertura del listado de enfermedades profesionales;

  • Aumento del tope de indemnizatorio: de 110 mil hasta 280 mil pesos;

  • Obligatoriedad de controlar por parte de las ART a las empresas, haciendo responsables solidariamente a las mismas como mecanismo indirecto para mejorar la prevención;

  • El damnificado y sus familiares podrán recurrir a la vía civil: el principio de igualdad y de no discriminación violentado por el artículo 39 de la ley y que cercena la posibilidad del trabajador de accionar por la reparación integral del daño por el derecho civil, se subsana mediante la posibilida del reclamo ante la justicia civil, considerándose la percepción de la indemnización tarifada como pago a cuenta. Las empresas podrán contratar un seguro de responsabilidad civil a tal fin;

  • Permite que las decisiones de la comisiones médicas sean apeladas ante la justicia del trabajo: se asigna competencia local y del fuero laboral, dejándose sin efecto las facultades jurisdiccionales de la comisiones médicas;

  • Amplía el aspectro del autoseguro mediante la creación de mutuales: los empleadores podrán formar mutuales para autoasegurarse;

  • Incrementa las multas a pagar por las empresas ante el incumplimiento de las normas de seguridad haciendo extensiva la pena a al ART.

  • Se eleva el monto máximo actual de 30 mil a 100 mil pesos; se incrementa también los recargos por incumplimientos que van a para al fondo de garantía.

Entre otros aspectos destacables, el proyecto elimina las exenciones impositivas previstas a favor de las ART y amplía el número de beneficiarios en caso de muerte del trabajador -incluye a todos los herederos y no sólo, como hasta ahora, al conyuge e hijos menores-.
El proyecto ya ha suscitado cuestionamientos por parte de las compañías aseguradoras. Las empresas afirman que estas modificaciones incrementarían las primas en un 40%.

SSSALUD
RES.005/2000: Dispone que la OSPIVESTIDO será recipendaria de los recursos que hasta el momento fueron canalizados a favor de ADOS SAN JUAN.
RES.018/2000: Modifica la Res.119/99 en relación a la vigencia de las inscripciones por ante el Registro Nacional de Prestadores de los Profesionales, Instituciones y Servicios Médicos-Asistenciales.
RES.527/99: Dispone que OSPECON será nuevamente recipendaria de aportes y contribuciones que hasta el momento fueron canalizados a favor de ADOS Comodoro Rivadavia.

OTROS
RES.23/2000-SIGEN: Aprueba el nuevo procedimiento a que deberá ajustarse la conciliación obligatoria entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y sus acreedores comprendidos en los Decretos 925/96, 197/97 y 1318/98 y demás normas complementarias.
RES.73/2000-ANSES: Dispone la obligatoriedad de la implementación del procedimiento establecido en al RES.884/98 cobraá vigencia a partir de las declaraciones juradas de certificados de servicios correspondientes a Abril del 2000.

ANALISIS
La ley de reforma tributaria fija un aporte personal obligatorio y otro voluntario para la inclusión del grupo familiar. La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la creación de un registro especial para los agentes del seguro que brinden cobertura médico asistencial apra los monotributistas y sus empleados.

 

 

Pautas para la incorporación de los monotributistas al sistema

La Ley 25.239 de reforma tributaria, que incorpora al pequeño contribuyente o monotributista al sistema nacional de obras sociales, fija un aporte personal de 20 pesos por contribuyente, al que se adicionarán 20 pesos más para la incorporación del grupo familiar, accediendo en ambos casos al Programa Médico Obligatorio (PMO). Estas normas entrarán en vigencia a partir del 1° de abril del corriente año. La ley, sancionada a fines del año pasado, determina que la cotización personal constituye una obligación para el pequeño contribuyente, en tanto que el adicional para anexar a su grupo familiar es de carácter voluntario. Esa cotización personal no incluye aportes al Fondo Solidario de Redistribución, por lo cual las prestaciones de alto costo (Sida, drogadicción y alta complejidad) deberán ser financiadas por las propias obras sociales. En consecuencia, desde la perspectiva del financiamiento se abre un gran interrogante respecto a la posibilidad de que los agentes del seguro puedan cumplir con sus obligaciones prestacionales, pues en este caso no existe la garantía de los 40 pesos fijados a favor de todos los beneficiarios del sistema.
A propósito de esta norma, al cierre de esta edición la Superintedencia de Servicios de Salud dictó las resoluciones 061/2000 y 062/2000 que reglamentan la incorporación al sistema de los monotributistas y el régimen especial para trabajadores del servicio doméstico.
La primera crea el Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Cobertura médico-asistencial de los Monotributistas y sus Empleados. Esto está anticipando que los aportes y contribuciones de los trabajadores que de él dependan se canalizarán a favor de alguna de las entidades inscriptas en el mencionado registro. Esta previsión normativa debería regir para los trabajadores recién ingresados al mercado formal de trabajo y no sobre aquellos por los que ya se están ingresando aportes a una determinada obra social, porque de lo contrario se alterarían las previsiones legales en materia de pertenencia, ya que el trabajador recién ingresado a la actividad debe permanecer en la obra social de su actividad como mínimo un año (art. 13° del Decreto 504/98). De cualquier manera, esta imprevisión no debería sorprendernos, toda vez que la incorporación de trabajadores autónomos (en este caso monotributistas) al sistema de salud, se realiza mediante una disposición contenida en una ley cuya materia específica son los impuestos que recauda el fisco.
Las entidades que se inscriban en el Registro (que funcionará en el ámbito de la Gerencia de Control Prestacional de la SSSALUD) estarán obligadas a una permanencia mínima de un año en el mismo, durante el cual deberán mantener las obligaciones prestacionales respecto a la población cubierta. En materia de requisitos de fondo se establece lo siguiente:

  • No encontrarse en situación de crisis (de conformidad con la normativa vigente) o concursados;

  • Contar con un padrón de no menos de 100 mil beneficiarios pertenecientes a la entidad (en una interpretación literal esto significa población total);

  • Patrimonio neto positivo y capital de trabajo positivo, que conste en el último balance de la entidad.

La norma contempla las siguientes excepciones:

  • Con respecto a la cantidad mínima de beneficiarios, quedan exceptuados los agentes de salud que nuclean la actividad que desarrollan los monotributistas.

  • Podrán inscribirse también las obras sociales de los estados provinciales que se sometan a una evaluación previa y monitoreo (prestacional y económico-financiero) por parte de la SSSALUD.

En cuanto a la resolución 062/2000, establece los mismos requisitos que la anterior con la diferencia de que el registro creado es para cubrir a los trabajadores del servicio doméstico y que la excepción contemplada está referida a la cantidad mínima de beneficiarios, del que quedan exceptuados los agentes de salud que nuclean la actividad que desarrolla el personal doméstico.

Ana Manzotti

 

 

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